El juez que quiso dar órdenes desde un prostíbulo

El comisario inspector a cargo de la jefatura del Comando de Patrullas de Bahía Blanca escuchó la orden. “Mándeme un móvil. Tengo que denunciar un robo”, exigió el juez Onildo Stemphelet.

Era el comienzo del escándalo judicial que, ayer, derivó en el pedido de juicio político contra el magistrado que denunció que la mujer con la que tuvo sexo a cambio de dinero le robó $3000 y una tarjeta de crédito en un prostíbulo.

Según fuentes policiales, ante la llamada del magistrado, el oficial superior acató la orden y dispuso que dos efectivos se dirigieran, con urgencia, a Rivadavia 2280. Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al juez y a una mujer con la que había mantenido un encuentro sexual a cambio de dinero. Minutos después de las 20 del 15 de mayo pasado, sin tener una orden judicial, pero avalados por la presencia del magistrado, que manifestó que la prostituta le había robado, los policías registraron el departamento privado y revisaron a la mujer.

En las últimas horas, la Procuración General bonaerense pidió que el juez Stemphelet sea sometido a juicio político por haber sido encontrado en un prostíbulo y por una serie de irregularidades que se registraron durante el procedimiento. La denuncia, de la que no trascendieron detalles, fue presentada por el Ministerio Público provincial ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

Uno de los cuestionamientos que le plantearon al magistrado Stemphelet fue, por ejemplo, no haber concurrido a la sede policial o judicial a radicar la denuncia luego del hecho. Según fuentes policiales, el juez les dijo a los efectivos que como era un magistrado podía hacer la denuncia en cualquier momento. A raíz del escándalo protagonizado por el juez se abrieron dos investigaciones en fiscalías de Bahía Blanca. El expediente por el robo quedó a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien advirtió que en el momento del hecho no se había notificado del delito al Ministerio Público, diligencia judicial obligatoria en todo proceso. A partir de esta irregularidad, el fiscal descubrió la sucesión de faltas administrativas cometidas por el juez. El restante expediente se instruye en la fiscalía de Delitos Sexuales, con el objetivo de determinar si en el privado de Rivadavia 2280 se hubiese registrado el delito de trata de personas.

El 13 de junio pasado, después de revisar las circunstancias del incidente y la acusación del Ministerio Público de Bahía Blanca, la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó la licencia obligatoria por 90 días del magistrado. Ante los fiscales que investigan el caso, los policías relataron que el juez señaló el inmueble de Rivadavia 2280 como el lugar donde le robaron, después de un encuentro sexual. Ambos policías admitieron haber revisado a la mujer y manifestaron que registraron el privado en presencia del juez, aunque sin una orden escrita. No obstante, para la fiscalía, la intervención policial y del magistrado no constituía un hecho de flagrancia, tal como se califica jurídicamente a los casos en que el autor del delito es conocido, la prueba es sencilla y que tienen al acusado detenido en el momento en que se produce el robo.

En el caso del juez Stemphelet, el magistrado dijo que advirtió que le habían robado el dinero y la tarjeta de crédito al abandonar el privado. Ambos policías fueron sometidos a un sumario administrativo debido a las irregularidades registradas en el procedimiento, que incluyó el traslado de la mujer a una comisaría para averiguación de antecedentes. Los uniformados no fueron pasados a disponibilidad debido a que, en su defensa, sostuvieron que actuaron por orden del juez Stemphelet, responsable del Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

Stemphelet fue designado en ese cargo en 2015, durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador bonaerense. Como juez de ejecución penal debe controlar los cumplimientos de las condenas de más de 300 presos con sentencias dictadas por tribunales del Departamento Judicial Bahía Blanca. Antes de su designación como juez se desempeñó como secretario de la Defensoría Oficial en Tres Arroyos y realizó subrogancias en varios juzgados bahienses. Tiene una hermana que se desempeña como jueza de garantías. Stemphelet no fue acusado de ningún delito, como ocurrió con el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Martín Ordochi, o el fiscal de La Plata Tomás Morán, presuntamente involucrados con una organización de policías, asaltantes y barrabravas de Estudiantes

Sin embargo, la ley 13.661 establece que los jueces podrán ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento cuando cometan actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone. En el caso del juez bahiense, esta circunstancia estaría probada a partir del momento en que los policías lo encontraron en el privado de Rivadavia 2280. La ley establece que los magistrados podrán ser juzgados “cuando cometan graves irregularidades en los procedimientos a su cargo”. Según la investigación encarada por el fiscal Romero Jardín, el juez no hizo la denuncia en el momento del robo y avaló un allanamiento sin orden judicial. La mencionada norma también establece que un juez podrá ser sometido a un juicio político cuando “una acción u omisión implique la defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”.

A partir de la denuncia presentada por la Procuración General bonaerense, la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales convocará a un sorteo de cinco legisladores e igual cantidad de abogados de la matrícula para conformar el jurado que deberá revisar la conducta del juez, al que dos policías sorprendieron en un prostíbulo.

Por: Gustavo Carabajal para lanacion.com.ar / urgente 24

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