Las plataformas digitales ocupan a 160.000 trabajadores en el país

Según una investigación pionera del Cippec, BID Lab y la OIT, el 1% de la población activa de la Argentina trabaja vía “APP”. La mitad hace aportes previsionales; la gran mayoría tiene alta motivación.

Los trabajadores de plataformas digitales representan al 1% de los ocupados a escala nacional, es decir, más de 160 mil usuarios registrados que obtienen ingresos en Argentina. Así lo revela un nuevo estudio de Cippec, BID Lab y la OIT.

Esa cifra engloba realidades muy diferentes de productos y servicios, que van desde la persona que transporta pasajeros en su vehículo hasta quien diseña piezas gráficas en su hogar, o la persona que pone en alquiler temporario una habitación en su departamento.

“Economía de plataformas y empleo. Cómo es trabajar para una app en Argentina”, es un trabajo que busca generar evidencia y recomendar políticas públicas para aprovechar las oportunidades y mitigar los efectos no deseados de la economía de plataformas en el mercado laboral. Sus autores son Javier Madariaga, César Buenadicha, Erika Molina y Christoph Ernst.

Según la investigación, que realizó una encuesta entre más de 600 trabajadores de las doce principales plataformas que operan en Argentina, sólo la mitad realiza aportes previsionales. El 85 % dice estar satisfecho con este tipo de ocupación, y sólo 2 de cada 10 encuestados dijo que su motivación principal para trabajar en una plataforma fue la dificultad para conseguir otro tipo de empleo.

El estudio también revela que casi cuatro de cada cinco trabajadores de plataformas digitales son hombres, con una edad promedio de 38 años. En cuanto al nivel educativo, si bien varía según la plataforma, estos trabajadores tienden a ser más educados que la población ocupada general.

Para quienes se desempeñan en este sector, el nivel de ingresos difiere según el servicio prestado y la plataforma. Incluso, dentro de una misma plataforma, hay fuertes diferencias, ya que el tiempo dedicado y la cantidad de trabajos aceptados varían. Sin embargo, para la mayoría de las personas encuestadas (60%), la plataforma es su principal fuente de ingresos y es determinante para sostener sus gastos habituales.

Casi todas las plataformas que operan en el país cobran comisiones a los trabajadores, pero sólo algunas les exigen ser autónomos. Algunas de estas plataformas también ejercen un alto control: determinan el precio del servicio e intermedian en el cobro, supervisan y evalúan el desempeño de los trabajadores o establecen obligatoriedad para aceptar trabajos.

Ventajas y desafíos

“Las plataformas están transformando las relaciones laborales: el contrato laboral tradicional se reduce a los términos y condiciones establecidos por las plataformas y la organización y supervisión del trabajo quedan en manos de algoritmos”, explica Christoph Ernst, especialista en Empleo y Desarrollo Productivo de la OIT Argentina.

La economía de plataformas digitales presenta ventajas: democratiza la generación de ingresos; flexibiliza cómo y cuándo generar esos ingresos; y facilita el acceso al trabajo. Sin embargo, también conlleva desafíos para sus trabajadores: más inseguridad y volatilidad laboral y menos acumulación de capacidades. Llevada al extremo, puede desembocar en una elite vinculada al desarrollo tecnológico y trabajadores poco calificados con salarios bajos y derechos laborales limitados”, advierte el estudio.

“Las plataformas desafían el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a los trabajadores. Frente a este fenómeno de incipiente aparición y crecimiento exponencial, es necesario generar un diálogo multisectorial que alimente un proceso de adaptación del marco regulatorio para tomar en cuenta la evolución de las formas de trabajar y obtener ingresos, y garantizar que la regulación proteja a los trabajadores”, plantea Erika Molina, especialista de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Frente a la disrupción tecnológica, necesitamos un nuevo contrato social que garantice un piso de derechos laborales y protección social para todas las personas que trabajan”, concluyen los autores.

“Las soluciones regulatorias deben contemplar las particularidades de cada plataforma y la velocidad del cambio tecnológico y de los modelos de negocio”, sostiene Javier Madariaga, coordinador del Programa de Ciudades de Cippec. 

 

Cippec 

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en la Argentina. Su desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Estado & Gobierno; Desarrollo Social; y Desarrollo Económico.

BID Lab

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID. Movilizamos financiamiento, conocimiento y conexiones para catalizar innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Creemos que la innovación es una poderosa herramienta que puede transformar nuestra región, brindando hoy oportunidades sin precedentes a poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales y ambientales.

Acerca de OIT

Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la más antigua y única agencia “tripartita” del sistema de las Naciones Unidas. Reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros, a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente. Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.

Alerta gremios

Por Ignacio Hintermeister

Sería injusto reducir la crisis de representación gremial de la Argentina a una herencia de la Carta del Lavoro. También lo sería ignorar que aquel esquema que Perón trajo de la Italia de Mussolini está hoy corrompido y anquilosado, en un país con estructuras que agonizan, en un mundo de economía 4G.

La representación estamentaria ha desbordado sus propósitos representativos específicos. El pasado paro nacional fue para que cambien las políticas económicas del país, pero eso se dirime en las urnas, que es parte del procedimiento que distingue a una República. La acción de fuerza y el piquete, por derecha o por izquierda (o traccionando tragicómicamente juntas) no son parte de una democracia. La amenaza a las autoridades legítimamente constituidas no son parte de la legítima defensa de los derechos de un trabajador.

Las nostalgias pueden alimentar legítimos sentimientos, pero el mundo cambia cada vez más rápido. Fue inútil que Hugo Moyano le impusiera a Adolfo Sturzenegger un paso atrás en la “despapelización” de notificaciones bancarias; el tiempo demostró que OCA no pudo levantar su quiebra, y que el camionero aún debe explicaciones en la Justicia que lo ha procesado. Por mucho que insista, su épica no es contra la Casa Rosada; procura disimular pruebas con una parodia que no protege el trabajo sino a su sospechado patrimonio.

Los taxistas que persiguen y apedrean a los choferes de Uber se escudan en la debida legalidad de una prestación. Pero lo hacen con métodos violentos ante un Estado que, en la imposibilidad del diálogo, deja correr los hechos, cuando debería ser efectivo regulador.

No es la derecha retrógrada y recalcitrante la que dice que hay que cambiar las leyes laborales. Es la OIT la que advierte: sin una nueva normativa que se adapte a las APP, no habrá creación de empleos. Y eso es apenas un comienzo.