Inédito dictamen a favor de una adulta mayor víctima de violencia de género

La violencia de género en la tercera edad no tiene tanta visibilidad a nivel social como en otros grupos etarios, que son los que llevan los reclamos en contra de la violencia machista y pedidos de justicia a las calles. En la provincia de Santa Fe hubo cuatro muertes violentas de mujeres mayores de edad en 2020 que se investigan como femicidios. Mujeres de más de 60 años constituyen el rango que menos registros tiene en los canales de denuncias de situaciones de violencia, según todos los informes del Registro Único de la provincia de Santa Fe. Especialistas han indicado en varias oportunidades que este problema tiene que ver con la falta de estrategias para llegar a esa población.

Incluso la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe especial en agosto de este año sobre adolescentes y mujeres afectadas por hechos de violencia doméstica con vínculo de pareja con su agresor. De las denuncias de 16.800 afectadas en los últimos dos años y medio, se desprende que las mujeres que denunciaron a su pareja o expareja tenían un vínculo promedio de casi nueve años con el agresor y la violencia se remontaba a alrededor de seis años atrás. El tiempo máximo de maltrato registrado, entre aquellas que denunciaron por primera vez, fue de 62 años. Y que a medida que aumenta la edad de las mujeres afectadas, la proporción de vínculos de tipo expareja disminuye, excepto entre las mayores de 60 años, entre las que los vínculos de convivientes (18%) y cónyuges (39%) superan, en conjunto, a los de expareja. Es decir que para las mujeres de la tercera edad, el peligro está en la casa, y desde hace tiempo.

Cada dato estadístico es una historia, y la de M. R. C., en la ciudad de Santa Fe, es representativa de este problema. Fue víctima de violencia de género psicológica, física y económica a lo largo de 40 años de convivencia con C. A. F., con el que tuvo tres hijas en común. Con 70 años, a raíz de una situación muy grave, la mujer solicitó una medida de distancia con exclusión al hogar contra el hombre. Lograr esa denuncia no fue fácil. “Pero señora, qué le va hacer un viejito de 80 años”, le dijeron cuando se acercó a pedir ayuda y la mandaron de vuelta a su casa con el agresor.

M. R. C. junto a dos de sus hijas recurrieron al Estudio Jurídico Lazos, que las asesoraron y acompañaron para que la restricción de acercamiento sea efectiva. A partir de allí C. A. F. con la ayuda de una de las hijas de la pareja, S. A. F., constituyó domicilio en otro lugar y le dio de baja todos los servicios de la casa ya que estaban a nombre de él para que no queden registros de que ellos vivían juntos más adelante. Solicitó que le revoquen la medida de distancia, pero a partir de la presentación de pruebas de violencia de género, económica y patrimonial, le fue denegada. Sin embargo la mujer luego sufrió episodios de violencia, como que C. A. F. intentó entrar a la casa por la fuerza. Al poco tiempo, el hombre falleció.

Imagen ilustrativa

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La mujer quedó con una jubilación mínima. Como C. A. F. fue empleado público, el Estudio Jurídico Lazos fue a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe para solicitar una pensión en carácter de conviviente. La mujer se encontró con un panorama desalentador en los organismos previsionales, ya que según las normativas vigentes para el otorgamiento de beneficios, “la convivencia en aparente matrimonio de por los menos dos años antes del fallecimiento, debe acreditarse por sumaria información, y debe estar vigente al momento del deceso”. Y M. R. C. no cumplía con este requerimiento.

Además de la pensión, se solicitó obtener el beneficio del seguro a la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, que fue lo primero a lo que la mujer accedió. Jaquelina Bussi, abogada de M. R. C. del Estudio Lazos, explicó a UNO Santa Fe: “La sumaria es un proceso judicial que le piden a todas las personas que requieran tener el beneficio del seguro que sean convivientes. Es un trámite costoso, por lo que presentamos un informe escrito apelando a que era una manera de revictimizarla a ella porque tenía una jubilación mínima. Que en la misma exclusión se daba constancia de que hubo una convivencia ininterrumpida y que a él se lo excluye del hogar por algo que tiene que ver con un interés superior que es la protección integral de la persona”. Al mismo tiempo, S. A. F. solicitó que el beneficio del seguro se le otorgue a ella y no a su madre.

“El primer dictamen fue favorable donde se liquidó el seguro en el que le dan una parte a las hijas y la proporción a ella por su historia. Ahí una de las hijas –S. A. F.–, con abogado particular pide que se revoque ese dictamen, que se le niegue el beneficio a la madre. La Caja vuelve a dictaminar de manera favorable, lo apelan, y se llega a la Cámara de Apelaciones. Desde Lazos apelamos a argumentos políticos y sociales vinculados a convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres”. Finalmente esa sentencia fue favorable para M. C. R.

Con ese fallo, el Estudio Lazos llevó el dictamen de solicitud de la pensión a la Cámara Civil de Apelaciones de la provincia que finalmente resolvió a favor de M. C. R. y le otorgó la pensión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Constituye un importante antecedente de perspectiva de género para el resguardo de los derechos previsionales. María de los Ángeles Pais, licenciada en Trabajo Social del Estudio Lazos, relató la resolución de la Justicia: “Hemos abordado el conflicto desde una perspectiva interdisciplinaria y haciendo redes con organizaciones sociales y organismos públicos, convencidas de la importancia de sostener los procesos de desnaturalización de violencias en adultas mayores”.

“Creemos que el marco normativo protectorio de los derechos de las mujeres que se ha venido gestando, ha generado justicia epistémica, al tiempo de poder desnaturalizar, y poner en disvalor, modos de convivencias de parejas estereotipados desde los roles que ha impuesto el sistema Patriarcal, como matriz de las violencias”, agregó Bussi. Y aportó: “Trabajadoras de la Caja de Jubilaciones y Pensiones nos han dicho en este proceso que son muchas las mujeres grandes que cuentan situaciones similares a la de M. C. R., y que no lo denunciaron nunca. En este caso fue favorable que esta señora haya hecho la denuncia y que estén los expedientes judiciales de violencia de género”.

“Es un mensaje positivo la resolución porque si bien la gente joven desnaturaliza más las violencias y denuncia cada vez que percibe una vulneración de derechos, en adultas mayores no se da así. En general sienten mucha culpa y miedo. Y el mismo sistema no las espera como denunciantes. A esta señora la mandaron de vuelta a su casa varias veces cuando quiso denunciar, incluso un empleado judicial le dijo «señora, usted ya no está para esto, miren las chicas que vienen acá». Está estereotipada la víctima. El derecho de vivir una vida libre de violencias no puede tener un límite etario”, expresó la letrada.

Por último, Bussi recordó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por la Argentina (Ley Nº 27.630), obliga al Estado a garantizar los derechos y libertades de las personas adultas a través de medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole, a fin de brindar un adecuado acceso a la Jjusticia.

fuente: uno santa fe

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