Una ley para monitorear precios en Santa Fe

El objetivo es que el ministerio de la Producción tenga diariamente los valores de comercios que facturen más de diez millones de pesos diarios. Prevé la incorporación gradual de las cadenas al sistema.

La Cámara de Diputados avaló un proyecto de ley de Oscar Martínez (100% Santafesino) para que el Ministerio de la Producción tenga herramientas para el control de precios de venta de grandes comercios en toda la provincia. “El desafío de todos es tratar de ayudar a controlar la inflación” señaló el legislador.

El proyecto girado al Senado establece la obligatoriedad de la declaración digital y mensual de precios. “Queremos que se transparenten los precios en las principales cadenas de comercialización. Le damos herramientas al Ministerio para que se haga cargo de la tarea”, agregó en el recinto. Martínez valoró que la provincia trabaje con el programa Precios Santafesinos en 120 artículos que se pueden encontrar en 155 bocas de expendio de 50 localidades.

El autor aclaró que el sistema se pondrá en marcha por etapas y dentro comercios no pymes sino formadores de precios “empresas que facturan más de diez millones de pesos diarios” para añadir que la declaración digital deberá tener además políticas de bonificaciones, descuentos y promociones. A la hora de hablar de sanciones, mocionó que sean excluidos de Billetera Santa Fe.

En el primer artículo se señala los objetivos del programa:  transparentar los movimientos de precios en las principales cadenas de comercialización de la provincia; contribuir a la contención del proceso de inflacionario;  establecer un esquema de precios máximos e inflación objetivo; y, velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor y por la Ley de Defensa de la Competencia.

También se excluye en el texto a los agentes económicos considerados cuya facturación sea equivalente a las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs), de conformidad a la ley 24467.

La declaración digital de precios será información de acceso público al consumidor y deberá contener detalles sobre el empresas, ubicación de cada punto de venta,  precio de lista de venta minorista final al público por unidad, peso o medida de producto, según la forma de comercialización; y, promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones.

En cuanto a los consumidores, el Ministerio de la Producción creará una plataforma informática de colaboración ciudadana y una aplicación móvil para smartphone, a través de la cual los consumidores podrán acceder a la información brindada así como comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios.

En la parte final del texto, se establecen las facultades que tendrá el Ministerio de la Producción, entre ellas estudiar la evolución de los precios informados, su relación con el IPEC Santa Fe y con los programas nacionales y provinciales de precios de referencia; establecer mecanismos de recompensa para alentar a los consumidores a la utilización del sitio web y la aplicación móvil, como así también la carga de datos; así como determinar, ampliar o reducir la nómina de productos, la información requerida y los sujetos obligados, y para dictar toda otra norma aclaratoria, interpretativa y complementaria.

JUNTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD
Diputados -sin el voto de la bancada justicialista- dio media sanción a un proyecto de ley para que se constituya de manera estable la Junta de Seguridad, iniciativa del radical Juan Cruz Cándido y la socialista Lionella Cattalini. Los autores lo proyecto como el órgano que funcionó durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz y agrupaba a integrantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con el fin de evaluar y diagramar políticas públicas de seguridad. “Con esta ley queremos que la Junta quede institucionalizada oficialmente para abordar la problemática de la seguridad en conjunto y que no dependa de la voluntad del Ejecutivo de turno”, dijo Cándido.

“Hoy se cumple un año desde que el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, anunció que iba a convocar a la Junta provincial de Seguridad. Seguimos esperando la convocatoria, mientras tanto avanzamos en consolidarla desde lo institucional, esperamos que ya no dependa más de la voluntad de un ministro o un gobernador. No es la solución del problema, porque los problemas no se resuelven de un día para el otro con una sola medida, si entendemos que va a contribuir a que podamos diagramar políticas entre los tres poderes del Estado que nos permitan, por lo menos, retomar una senda de una paulatina caída de los índices de delitos que se rompió en el 2020”, acotó.

En el recinto, la socialista Clara García dijo que “la seguridad y la violencia son tan complejos que no pueden ceñirse a  un eslogan, a una frase de campaña, o al cliché de la «herencia recibida»; necesariamente requieren de un trabajo serio e institucional”. Agregó que la Junta Provincial de Seguridad tiene la virtud de ser una mesa de trabajo seria, de plantear agendas de trabajo, formalidad y un compromiso de los actores; de generar confianza, controles y replanteos”.

SOBRE LA MUERTE DE UN DETENIDO
En un proyecto aprobado por unanimidad, el diputado radical Fabián Palo Oliver solicitó diversas informaciones en torno al fallecimiento de Cristian Figueroa, quien era sindicado como autor material de la muerte del empresario Hugo Oldani.

El legislador pregunta no sólo cuál es la hipótesis sobre la cual está trabajando el Ministerio de Seguridad, sino que también pretende conocer si se ha determinado la participación de personal policial o penitenciario y en calidad de qué. De ser la respuesta afirmativa, que indiquen cuáles son las medidas administrativas que se han tomado respecto de dicho personal. También pregunta si se ha determinado el accionar cómplice de funcionarios públicos y la participación de personas ajenas a la unidad penitenciaria donde ocurrieron los hechos.

Palo Oliver detalló las circunstancias que motivaron la detención de Figueroa junto a otras personas, y marcó el hecho de que esta muerte se produce luego de que, según trascendidos periodísticos, el fiscal que entiende en la causa le ofreciera el juicio abreviado, lo cual conllevaría una reducción de condena.  “Más allá de que esto sigue su curso judicial, nada escapa a posibles responsabilidades de funcionarios y agentes del penal respecto a las circunstancias que rodean a la muerte del joven. Es por eso que queremos saber cuál ha sido el rol del Ministerio de Seguridad sobre posibles irregularidades dentro de la cárcel de Las Flores”, afirmó.

 

Fuente: El Litoral

 

 

 

 

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