Para tener estadísticas sobre el mundo laboral de Santa Fe

La Cámara de Diputados votó un proyecto de ley para contar con información actualizada y propia de la provincia. También votaron la prórroga de la ley que dispone el reparto de los fondos que recibe el Estado de la explotación de casinos y bingos en distintos ámbitos, entre ellos el LIF.

La Cámara de Diputados dio media sanción -por unanimidad- y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que crea el Observatorio del Trabajo en la provincia y que reemplazará el instituto vigente mediante un resolución dictada en 2011. Dicho Observatorio funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el objetivo principal “es la generación de estadísticas que permitan dar cuenta de las características del mundo del trabajo en la provincia, las cuales brindan información precisa para las políticas públicas que se implementan para este sector poblacional”.

La iniciativa es del justicialista Ricardo Olivera quien ponderó la necesidad de tener actualizada la información para poder actuar sobre ella. Destacó que el instituto actual se basa en datos que brinda el gobierno nacional el  Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o los datos del Indec como el censo de población o las encuestas que abarcan únicamente a los dos grandes aglomerados.  “Los indicadores se hacen sobre estructuras económicas que  ya pasaron” acotó el justicialista. En el proyecto se propone incorporar a las estadísticas los trabajadores del sector público, autónomos, la economía social y solidaria; la economía del cuidado y la cuestión del género. “El mundo del trabajo es cambiante, especialmente durante la globalización y ahora en la pandemia. Los Indicadores de 2018 parecen datos de la pre historia”, señaló Olivera. “Pretendemos tener con el Observatorio información permanente, actualizada, dinámica con la información que necesitamos los santafesinos”, concluyó.

Se ordena en el articulado que el Observatorio deberá publicar en sus estadísticas como mínimo sobre géneros y cupos laborales vigentes;  referencia territorial en el mayor nivel de desagregación que la misma posibilite; y, aspectos sociales y económicos que posibiliten identificar las características vinculadas a las condiciones de vida de las personas trabajadoras, como también las características de los ámbitos donde realizan las actividades laborales y los ingresos que perciben. La información deberá ser publicada en forma trimestral.

El Observatorio y otros siete proyectos de ley fueron aprobados ayer en la Cámara que también aprobó una serie de pedidos de informes, entre ellos uno al Servicio Penitenciario Federal por la línea telefónica fija que tenía Ariel ‘Guille’ Cantero, líder de la banda de Los Monos.

Entre los proyectos girados en revisión al Senado está la prórroga por tres años de la ley 13.385 y su modificatoria, la 13.867, norma que dispone la distribución entre organismos oficiales de los fondos que recibe el Estado de las utilidades que obtienen casinos y bingos instalados en la provincia.  La iniciativa es del socialista Joaquín Blanco y el justicialista Luis Rubeo.

El objetivo es mantener una distribución solidaria de los recursos de acuerdo a la norma vigente hasta fin de año. La distribución originaria fue modificada en 2013 por la Ley 13.385, ampliando las áreas del Estado destinatarias de los recursos entre ellos  promoción y protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la inteqración de fondo para el deporte y  erogaciones de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y funcionamiento del Laboratorio de Especialidades Medicinales Sociedad del Estado.

CAMPAÑA
Sobre tablas, Diputados acompañó al justicialista Luis Rubeo en un pedido al gobernador Omar Perotti, en su calidad de precandidato a senador,  y titular del Poder Ejecutivo a “se abstenga de realizar inauguraciones de obras públicas y/o efectuar lanzamientos o promoción de planes y realizar acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a su favor. El pedido está fundado en lo que ordena el Código Electoral nacional en su artículo 64 quater.

EL TELÉFONO DE CANTERO
Un pedido de informes al Servicio Penitenciario Federal sobre la línea fija gratuita que tenía en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz (Bs As), el condenado Ariel Máximo Cantero motivó un fuerte reclamo opositor para que el Ejecutivo provincial reaccione ante el avance de las bandas narcocriminales que operan en la provincia.

El tema fue llevado al recinto por el socialista Joaquín Blanco, reformado por la justicialista Matilde Bruera y votado por todo el arco político. Después de la aprobación, Blanco dijo que “no nos sirven las declaraciones de ocasión del gobernador. Necesitamos que junto con el presidente y la Ministra de Seguridad haya un compromiso completo para desarticular estas bandas”. Para el socialista “enterarnos que Cantero tenía una línea fija en su celda es una cachetada a los jueces, a los fiscales y a toda la sociedad santafesina. A esta organización criminal, desde el año 2013, la provincia la viene combatiendo, desarmando y deteniendo a sus principales líderes. Se los llevó al banquillo de los acusados por delitos provinciales cuando todos sabemos de su vinculación con el narcotráfico, un delito federal que nunca fue abordado en tiempo y forma”. Más adelante, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) le recordó que ya años anteriores a Cantero le encontraron teléfonos cuando estaba detenido en Piñero a disposición del Servicio Penitenciario provincial.

“No entendemos por qué no se convoca a la Junta Provincial de Seguridad; no entendemos por qué no se avanza con la creación de una secretaría específica, con asiento en la localidad de San Lorenzo, para abordar desde la Justicia Federal el combate el narcotráfico, como lo anunció el presidente en febrero de 2020; no entendemos por qué no hay una coordinación entre las causas federales y las causas provinciales ligadas a este tipo de causas; tampoco conocemos la estrategia de abordaje para desarticular la capacidad operativa de estas bandas”, se preguntó Blanco durante la sesión.

Para Del Frade es clave para superar la situación actual eliminar nichos de corrupción en fuerzas de seguridad y penitenciarios, disminuir de circulación de armas  y discutir en serio el lavado de dinero. La socialista Lionella Cattalini reveló que el propio Servicio Penitenciario secuestró en los primeros siete meses del año 3.961 celulares en las cárceles santafesinas y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) insistió en destacar el proyecto presentado para prohibir el uso de los celulares en establecimientos penitenciarios e instalar inhibidores.

Bruera, en tanto, llamó a la propia institución legislativa a trabajar en la cuestión y no mirar de costado exigiendo el tratamiento de los proyectos enviados por el Ejecutivo. “Tomemos el toro por las astas y hagámosno cargos de nuestras responsabilidades”, exigió.

Fuente: El Litoral

 

 

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