La nueva alcaidía de la cárcel de Las Flores estará para marzo de 2022

Lo dijo Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios. Además, dijo que construirán nuevos pabellones en Las Flores. Habló de la situación de las cárceles en la provincia de Santa Fe.

El gobierno provincial de Santa Fe anunció una inversión de más de 1.600 millones de pesos en obras estructurales del servicio penitenciario, entre las que se incluyen la nueva alcaidía en Las Flores y la Unidad 12 en el Complejo Penitenciario de Rosario; pabellones en las unidades Nº 2 (Las Flores), Nº 10 (Santa Felicia) y Nº 11 (Piñero); e incorporación de nueva tecnología para este año en las cárceles más grandes de la provincia.

En diálogo con el programa La Mañana de UNO (de 7 a 9 por FM 106.3 La Radio de UNO), el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, reconoció que es notoria la sobrepoblación carcelaria, al advertir las “limitaciones y fragilidades que se han visto públicamente en los últimos acontecimientos”.

Las autoridades provinciales estiman que al finalizar el 2022 todas las construcciones que están en marcha y que se van a iniciar estarán terminadas, lo que implica cerca de 1.300 plazas nuevas en el Servicio Penitenciario. “Hoy tenemos más o menos 1.150 internos por sobre la capacidad que tiene el Servicio Penitenciario. Creemos que esto es un principio de normalización, no se va a hacer mañana ni pasado, pero por lo menos se inició el camino y es algo que es una deuda pendiente”.

Y agregó: “No podemos pensar en reinserción si no tenemos infraestructura para poder desarrollar todo lo que requieren las actividades del servicio penitenciario”. En este sentido, advirtió: “Para reinsertar a una persona no se puede atacar un solo frente, y entre todos ellos el tema del hacinamiento hace que uno no pueda trabajar fuertemente en la reinserción”.

“Hoy tenemos en la provincia 7.000 detenidos. Con lo cual es una cifra realmente importante: 7.000 detenidos con 7.000 familias de detenidos y con todo lo que uno ya sabe que hay alrededor de todo esto”, expresó el secretario, advirtiendo que hay 1.150 presos por encima de la capacidad.

Un nuevo muro en Piñero
A partir de la fuga de ocho presos de la Unidad Penitenciaria 11ª de la ciudad santafesina del sur se dispuso una serie de medidas en pos de controlar la situación, entre ellas la construcción de un muro perimetral con una altura de poco más de 5 metros; cámaras de seguridad y detectores de movimiento en lo alto; doble cerco de seguridad con perros en la parte interna y personal de élite del Servicio Penitenciario.

“De esta manera ya se va a cerrar un poco el círculo y establecemos que, esta Unidad Penitenciaria que hoy tiene perfiles altos de detenidos para los que no fue concebida hace 15 o 20 años, es una obra absolutamente necesaria”, dijo Gálvez. Tiene un presupuesto de 190 millones de pesos y se licita en los próximos días.

Además, se construirán en un período de 90 días dos pabellones colectivos para ofensores sexuales para descomprimir la población carcelaria.

Consultado sobre el incidente en la cárcel de Piñero, precisó que “una parte de los 1.600 millones va a ir destinado a tecnología, que también es sumamente necesaria. Después está el error, la falla o la connivencia humana, que ahí ya no es tan fácil contener al 100%, pero evidentemente que un alto porcentaje de la fragilidad actual se va a empezar a cubrir de manera notoria”.

“En esta última fuga ocurrió todo lo contrario hasta ahora, no hay información judicial que amerite otro pensamiento: fue un ataque exterior y nosotros no hacemos inteligencia exterior, con lo cual evidentemente que tal vez alguno de adentro sabía, pero todavía eso no pudo ser probado, a tal punto que corrieron peligro de vida los gariteros que retenían el ataque exterior. Pero ha puesto en la mesa también un tema que no es menor, porque uno habla infraestructura física, habla de tecnología, pero también tiene que hablar de recurso humano”, puntualizó.

Los guardiacárceles
En este punto, el secretario de Asuntos Penitenciarios destacó el arduo trabajo del personal de las cárceles y calificó su situación como “penosa”. “El trabajo es 24 por 48, si no llega el relevo, el que trabajó 24 horas tiene que quedarse las otras 24 horas, lo que se llama la recarga y la hora extra”, graficó. “Después llega a su casa, posiblemente viva en Santa Fe, ese muchacho de 25 años que está dos días trabajando, llega, limpia la ropa, duerme 10 horas y tiene que hacer el bolso para irse de nuevo”.

Para ir a trabajar a Piñero salen cinco o seis colectivos por día desde Las Flores que “levantan” empleados hasta llegar a su lugar de trabajo. Gálvez explicó que se da una situación histórica entre los empleados penitenciarios, que es que se anotan los de Coronda y gran Santa Fe, pero no los del sur de la provincia. “Es como si alguien de la ciudad de Santa Fe tiene que irse a trabajar todos los días a Rosario. Al principio sí, todo bien, pero después llega un momento que esa frazada es más corta, no alcanza a cubrir”, manifestó Gálvez.

“La verdad es que el traslado de seis colectivos con 60 empleados todas las mañanas desde Santa Fe y Coronda hacia las unidades penitenciarias del sur es algo que hay que empezar a revertir”, reconoció el funcionario, y anunció que esta semana se publicará la convocatoria de 200 aspirantes para el Servicio Penitenciario que tengan una residencia de dos años o más en un radio de 60 kilómetros de la Unidad Penitenciaria, garantizando que no van a ser trasladados a otras unidades.

Obras en marcha
“En marzo o abril del año que viene tendría que estar terminada la alcaidía Regional de Las Flores”, anunció Gálvez, calificando la obra de “emblemática” ya que sería la primera alcaidía en el centro norte de la provincia. “Esto va a posibilitar sacar detenidos de las comisarías que también están sobrepobladas en el departamento La Capital y otros como Castellanos”.

Según el funcionario, la alcaidía de Rosario tiene una capacidad de entre 120 y 130 alojados, mientras la nueva podrá alojar a 200 detenidos con tecnología de última generación.

Por otro lado, el funcionario contó: “Nos confirman que en el segundo semestre del año que viene se concluye la Cárcel Federal cerca de Coronda, que se está construyendo en un 66%”. La provincia de Santa Fe tiene 500 internos federales, aquellas personas cuyos delitos afectan a la renta y seguridad nacional, como narcotráfico, contrabando, evasión fiscal y lavado de dinero.

Por otro lado, está en marcha la licitación para la construcción de seis nuevos pabellones de construcción rápida, para 60 internos cada uno, en las unidades penitenciarias Nº 2 de Las Flores, Nº 10 de Santa Felicia y Nº 11 de Piñero.

“Siempre hay noticias también aquí en la ciudad de Santa Fe sobre comisarías que están sobrepobladas, hábeas corpus, incendios, quema de colchones, con lo cual esto también va a ser realmente muy importante”, evaluó Gálvez.

En julio, la provincia firmó un acuerdo con la empresa nacional Invap, destinado a modernizar los sistemas de control en las unidades penitenciarias. Entre otros dispositivos, la empresa ofrecerá detectores de personas (“body scanner” o escáner corporal), instrumentos destinados a la inspección de bultos, automóviles o construcciones sólidas, e inhibidores de señales de celulares. El acta acuerdo dispone la capacitación del personal seleccionado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para el manejo y utilización de estos elementos.

Sobre este convenio, Gálvez dijo que después de trabajar desde enero con el Invap, calculan que antes de fin de año se podrán “ir viendo algunos trabajos en el ingreso y el egreso por lo menos de los tres penales más grandes de la provincia: Las Flores, Coronda y Piñero”.

El “call center” en las cárceles
Ante la consulta sobre las estafas cibernéticas que surgen desde las cárceles, Gálvez dijo que “no hay demasiados caminos” para que entre un celular al penal, y que “esos caminos hay que cortarlos o al menos empezar a acotarlos”.

“Por eso yo insisto tremendamente en la necesidad de cambiar las requisas de los penales, incorporar lo que el Invap nos está ofreciendo. Debería ser absolutamente controlable el uso de celulares, sabiendo quiénes son con nombre, apellido, número de prontuario, DNI”.

Y subrayó: “Con tecnología, con capacitación de recursos humanos y con coordinación con los fiscales que están a cargo de esas causas y la inteligencia de la policía yo creo que esto no debiera ocurrir, no tiene que ocurrir”.

“Hoy la requisa es manual. No se puede registrar el cuerpo de un empleado, se registra una mochila. Y negocios hay en todos lados. Por eso yo creo que es fundamental la incorporación de tecnología más allá de la construcción física”, concluyó.

 

Fuente: Diario UNO

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