Los acusadores de la Corte Suprema exponen ante la comisión de Diputados

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación reanudará este jueves el debate en torno a los pedidos que apunta a la destitución de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una segunda jornada que contará con las exposiciones de los autores de los proyectos.

Luego de las marchas y manifestaciones a favor del enjuiciamiento que el kirchnerismo organizó este miércoles en distintos puntos del país (incluyendo Santa Fe), y de los violentos cruces de imputaciones registrados en la primera reunión de la comisión, este jueves en el Anexo de la Cámara baja los integrantes del oficialismo y de la oposición volverán a verse las caras.

Entre los oradores habrá diputados nacionales autores de proyectos, como los oficialistas Vanesa Siley, María Rosa Martínez y Pablo Carro, y los representantes de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López, quienes en su momento presentaron pedidos de juicio político contra el juez Ricardo Lorenzetti, cuando éste presidía el máximo tribunal.

En cambio, la senadora Juliana Di Tullio, autora de otro de los proyectos, no fue anunciada en la lista de invitados, ya que no podrá participar por motivos particulares. Sí habrá representantes de la Asociación Argentina de Juristas (expondrá Nora Cortiñas, de Abuelas de Plaza de Mayo), de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, entre otros.

En total hay 14 pedidos de juicio político y son cuatro las causales que motivan los pedidos que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

Serán explicadas por los diputados Eduardo Valdés y Mara Brawer, y la primera refiere a la medida cautelar de la Corte que le devolvió parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, sentencia que califican de “arbitraria, parcial y política”. Otra, se funda en la declaración de inconstitucionalidad de la ley que desde 2006 regulaba el Consejo de la Magistratura, fallo en el que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dispusieron volver a la ley orgánica anterior. El kirchnerismo sostiene que está medida viola la división de poderes ya que el tribunal se habría arrogado facultades legislativas al reponer la vigencia de una norma derogada. En la misma sintonía se expresan dos denuncias presentadas por la senadora oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), quien por cuestiones personales no se presentará este jueves.

Los diputados oficialistas sumaron a las dos principales acusaciones del Gobierno otras dos: las supuestas irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, que apunta a Maqueda; y otra por haber avalado la aplicación del beneficio del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad en el denominado “Caso Muiña”, obligando a que el Congreso modifique la legislación.

A esto se agregan presentaciones de agrupaciones y particulares, como el de la ex detenida desaparecida santafesina Patricia Isasa (que acusa a Rosatti de haber protegido al represor Eduardo Ramos, cuando era intendente de Santa Fe) y del periodista Pablo Llonto, que le imputa no haber convocado a la comisión interpoderes que se ocupa de impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad (a pesar de que en su momento fue el gobierno nacional quien declinó participar de la misma).

Cronograma

“Si bien la denuncia del presidente de la Nación con los gobernadores es una denuncia que versa sobre todo en el fallo de la coparticipación y en el fallo del Consejo de la Magistratura, por excederse el Poder Judicial en atribuirse y ejercer facultades que le son propias al Legislativo y al Ejecutivo, tenemos también otros proyectos que formulan otros tipos de denuncias a los jueces de la Corte”, dejó en claro la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anticipando el variopinto tenor de las exposiciones.

Luego de escucharlas, el cronograma establece una próxima reunión el 9 de febrero “para realizar y analizar el informe de admisibilidad, que es un informe que establece el reglamento interno de la comisión, que determina si hay sustento o no en las denuncias presentadas para abrir la etapa de prueba y empezar a producir la prueba o instrucción sumaria”, dijo Gaillard, en declaraciones al medio oficialista El Destape.

También afirmó que esta etapa puede durar “dos o tres meses”. En la comisión los dictámenes pueden ser aprobados por mayoría simple y sumando dos tercios de los presentes.